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PODER PÚBLICO

 

José Cruz Delgado

Más de tres mil millones de pesos costará el teleférico en Uruapan, una obra que, a decir de especialistas es inviable, un capricho del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, por eso se especula que hay algo atrás, posiblemente un negocio entre él y el alcalde uruapense.

De acuerdo con estudios, la inversión no podrá ser recuperada en diez años lo que indica que se tendrán pérdidas económicas.

Se comenta que el teleférico será la obra insigne de Ramírez Bedolla, aunque esté llena de sospechosismo.

El teleférico de Uruapan, según el gobierno Estado, es uno de los proyectos más ambiciosos e innovadores para catapultar al municipio como referente de la movilidad, convirtiéndose en un transporte de altura que beneficiarán a los uruapenses, sin embargo, para la ciudadanía es más importante invertir en seguridad ya que Uruapan está considerada la ciudad más insegura del país y del mundo.

Un estudio revela que este sistema resulta inviable además que operaría con pérdidas y el precio del pasaje sería de aproximadamente 25 pesos.

Así que dicha modernidad le costará al usuario más o menos 25 pesos según se dijo por lo se vislumbra un fracaso el caprichito del gerente del gobierno de Michoacán.

¿Pero habrá algún negocio chueco? Tarde que temprano se sabrá.

CINISMO Y DESFACHATEZ DE GABRIELA MOLINA
Increíble pero cierto, con una desfachatez y un cinismo inimaginable, la titular de educación en Michoacán, Gabriela Molina, reconoce que la dependencia si permite que se cobren «cuotas voluntarias».

Mire usted, en los centros educativos de preescolar, primaria y secundaria, es una costumbre de los directivos, en contubernio con integrantes de una mesa directiva de padres de familia, previamente manipulada impongan una cuota como condición para que los alumnos puedan inscribirse, de no hacerlo se les niega el ingreso.

COBRO ILEGAL PERO AVALADO POR LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS
Cada vez que llega el tiempo de las inscripciones salen a relucir las denuncias por el cobro de cuotas escolares e ilegales por parte de los directivos en los planteles educativos que condicionan el ingreso de nuevos alumnos.

Los directores, en complicidad con las llamadas mesas directivas de padres de familia imponen el monto de las cuotas a los padres de familia para que sus hijos ingresen y hasta se dan el lujo de darles un número de cuenta bancaria para que ahí vayan a pagar.

Cuando se les cuestiona al director de porqué el cobro de cuotas, estos señalan que fue una decisión de la mesa directiva de padres de familia, sin embargo, dichas agrupaciones son manipuladas por el directivo y si un padre de familia no quiere pagar se le niega la inscripción al alumno ante la indiferencia de la Secretaría de Educación en el Estado quien solo se concreta a decir que las cuotas están prohibidas y no deben ser condicionadas pero no hace nada por evitarlas convirtiéndose en cómplice de esta irregularidad.

Pero ahora la funcionaría reconoce que sí permiten el cobro de cuotas lacerando los bolsillos de los que menos tienen.

Por lo que respecta a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), al igual que la SEE sólo se concretan a realizar exhortos a los centros educativos del sector público a no condicionar la educación de niños y adolescentes con las denominadas cuotas escolares o de inscripción, por ser violario a los derechos humanos pero tampoco hace nada por no ser un organismo sancionador.

Así que sus recomendaciones se las pasan por el Arco del triunfo los SEE, las mesas directivas y la autoridad del plantel educativo.

El derecho a la educación es la prerrogativa que tiene todo ser humano para recibir la información, dirección o enseñanza necesaria para el desarrollo armónico de todas sus capacidades cognoscitivas, intelectuales, físicas y humanas, sustentada en el artículo 3° constitucional y en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Y es obligación del Estado crear la infraestructura material y formal necesaria para permitir el acceso a cualquier persona al servicio educativo, en forma obligatoria en el nivel preescolar, primaria y secundaria; que además deberá ser gratuita y laica, favoreciendo a los grupos o regiones con mayor rezago educativo o que enfrenten condiciones económicas sociales de desventaja.

Sin embargo, los directivos de los planteles hacen caso omiso y se lavan las manos instruyendo a sus incondicionales de las mesas directivas para que hagan el cobro correspondiente como requisito para que los hijos (as) de padres de familia tengan acceso a la educación, y si por alguna razón el padre o la madre no tiene la cantidad solicitada simplemente les dicen que consigan porque es una regla.
Bueno, pues la funcionaria dijo que deben de ser cuotas voluntarias mínimas y los directivos deben de aplicar sensibilidad y criterio, pero no es así, ya que hay planteles que se pasan de lanza al cobrar cuotas que oscilan entre los 400 y 900 pesos, como en el caso de la escuela Primaria Jaime Torres Bodet, ubicada en el fraccionamiento Puerta del Sol, Tarímbaro. El único criterio que aplican los directivos es» o pagas la cuota o no hay lugar para tu hijo».

Conste que no me lo platicaron, y lo viví en carne propia.

Para que se hace taruga Gabriela Molina, sabe bien de estos actos de corrupción, pero se va por la tangente porque no quiere problemas con las diferentes expresiones del magisterio y prefiere nadar de a muertito. En cualquier escuela pública de Michoacán es la misma situación, y lo sabe pero se hace la occisa.

Pero no es todo, aparte, los directivos de los planteles través de las mesas directivas de padres de familia cada rato piden «cooperaciones» para una cosa y otra, hasta para festejarle el cumpleaños al maestro o maestra, los pretextos sin lo menos.

Molina dijo que si una familia enfrenta dificultades económicas, las cuotas no deben ser condicionantes para la inscripción escolar, sin embargo es así, si no pagas no hay lugar.

Miente la funcionaria, no son voluntarias las cuotas, son de a producto de gallina, la ley se la pasan por el arco del triunfo, lo sabe pero se hace de la vista gorda y así no entra en conflictos con el magisterio.

Miente la funcionaria, que recuerde, ningún directivo ha sido sancionado por cobrar cuotas y condicionar el ingreso del niño a un centro escolar.