El diputado de Morena, Edelmiro Santiago Santos Díaz, anunció que presentará una reforma para nacionalizar las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore), con el objetivo de “consolidar el gobierno de la Cuarta Transformación de la vida pública en México”.
“Por medio de la presente hago de su conocimiento que voy a preparar una reforma fiscal que tiene como propuesta nacionalizar las Afores de todos los trabajadores de México, que son más de 30 millones y que los fondos puedan transferirse a BANSEFI (Banco del Bienestar). Hablamos de fondos con cantidades superiores a cuatro billones de pesos”, señaló el diputado en una carta dirigida a Moisés Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.
Una de las principales justificaciones para nacionalizar a las Afores es que la administración federal ha agotado los recursos destinados a tales proyectos sociales y de infraestructura.
De avanzar la iniciativa, según Santos Díaz, podría presentarse en el próximo periodo ordinario o, incluso, se convocaría a un periodo extraordinario.
“Sugiero que preparemos, ya que si la alianza ‘Juntos haremos historia’ no logra la mayoría, con la que hoy cuenta, nos veremos obligados a convocar un periodo extraordinario de sesiones para hacer una gran cantidad de cambios legislativos, entre ellos, la Reforma Hacendaria y esta importante reforma que propongo sistema de pensiones”, acotó.
En conferencia de prensa, el senador panista Francisco Javier Salazar anunció la creación del “Frente Amplio para la Defensa del Ahorro y Patrimonio de los Trabajadores”, con el fin de “alertar” a las personas sobre “el inminente peligro” que corren sus fondos de ahorro para el retiro.
Dijo que podrán unirse todos los interesados, desde sindicatos, líderes sindicales y los propios trabajadores, pues se tratan de recursos ajenos al Estado.
“Lo correcto es que hagan un foro y consulten a todos los trabajadores, a los dueños del dinero. Ese dinero no es para trenes ni para aeropuertos, es para pensiones”, expuso.
Salazar consideró que la propuesta también podría incrementar la desconfianza de los inversionistas en el país o de las agencias calificadoras de riesgo, lo cual tendría un impacto negativo en la sociedad mexicana.
“Cada que el gobierno hace un cambio que afecta las finanzas del país, tenemos que pagar los intereses, porque esos se pagan en razón de la calificación que le den al país, y la calificación de México como país, pero sobretodo de Pemex y CFE, ha ido bajando de grado. Por eso al presidente no le gusta que la califiquen”, puntualizó.
