Por Armando Saavedra Magaña.
*UN JUICIO POLÍTICO HECHO A MODO.
*CONGRESO TIENE EN LA ILEGALIDAD A CEDH.
Resulta un poco extraño que, en menos de tres meses, se haya instaurado (sic) un juicio político
para destituir al Auditor Superior de Michoacán, por supuestas irregularidades descubiertas por la
Secretaria de la Contraloría del Gobierno del Estado.
Más raro aún, cuando el verdadero móvil fue una solicitud realizada en el mes de mayo por la
presidenta municipal de la ciudad de Lázaro Cárdenas, al haberse sentido agredida porque el Auditor
Superior, en 2021 –sí, en 2021– pretendió según ella, auditarle recursos federales, ¡gran osadía! Por
parte de Auditor, para que dos años después reaccionara la presidenta municipal de Lázaro
Cárdenas y tajantemente solicitara la destitución del funcionario.
Posterior a lo mencionado, la Secretaria de la Contraloría, haciendo uso de doble personalidad –
ciudadana y servidora pública– denunció tal atrocidad al Congreso del Estado, quien sin mayor
tardanza se irguió en Jurado Salomónico pronunciándose en favor de ambas combatientes y fuera
de todo contexto legal, en un procedimiento jamás visto y haciendo uso de justicia pronta y expedita
(sic), por tal atrevimiento del Auditor, convocando a sesión super extraordinaria y otorgando un
término menor a 24 horas para que ante un tribunal inquisidor, compareciera el irreverente a
justificar tan grave falta.
Cabe recordar, que el Auditor Superior fue prácticamente llevado al cadalso sin procedimiento
alguno, puesto que el día 25 de mayo de este año, el Juzgado Séptimo de Distrito, otorgó suspensión
provisional, de los actos reclamados al Congreso y otras autoridades responsables, suspensión, que
fue irrespetada y que en las reacciones más burdas e incoherentes por parte de las autoridades del
Congreso Estatal se negaron a recibir la notificación para poder sesionar y tener por no presente al
inculpado. La suspensión referida fue confirmada días después otorgando el mismo juzgado la
suspensión definitiva y condenando a las autoridades responsables a estar y pasar por ella.
Mientras lo anterior sucedía, el propio Congreso Estatal, continúo llevando a cabo cualquier
arbitrariedad, sin respeto constitucional a lo que en realidad es un Juicio Político, convocando,
nombrando, presentando recursos de queja ante el Tribunal de Amparo, mismos que a la fecha ni
siquiera están en vías de resolverse.
Amparo tras Amparo, acumulados a un Juzgado que no se pronuncia ni en una u otra forma, ni a
favor ni en contra, pero que con su inactividad ha permitido el actuar del Congreso, mismo que
ahora respalda su dicho en procesos administrativos que presumiblemente conoce la Contraloría
del Estado (66), pero que nadie conoce más que la Secretaria de la misma Contraloría.
Procedimientos que nunca han sido notificados y que por ende, ni siquiera han visto ni cumplido las
etapas procedimentales que requieren los Procesos Administrativos y que de acuerdo al a
Constitución del Estado, una vez probados y sancionados, deben ser la base del Juicio Político, no al
revés, como lo hicieron los legisladores.
Y es que, la gaceta parlamentaria del 31 de agosto respecto a este asunto, en su parte final ordena
instaurar apenas dichos procedimientos administrativos. No está por demás decir, que muchas
horas antes de la sesión del viernes pasado, ya había sido publicada la Gaceta Parlamentaria, lo que
demuestra ser una prueba más de las violaciones al debido proceso y, que como se ha alegado en
los juicios de Amparo ya acumulados, un Juicio Prefabricado que hoy día nadie ha visto.
Pero, que en la misma gaceta, se dice que el inculpado acudió el día quince de junio del ciclo anual
en curso, la parte denunciada presentó escrito en el que contestaba la denuncia, expresó sus
excepciones, esgrimió sus alegatos y ofertó pruebas (sic), hasta el día de hoy ni el propio denunciado
tiene conocimiento de esto.
Me pregunto ¿qué hay detrás de los señalamientos al Auditor Superior? De pronto vemos
cancelaciones de contratos a Auditoras que iban a auditar a la Auditoría Superior; inversiones
millonarias en el puerto de Lázaro Cárdenas; en vísperas de elecciones proselitistas, hay inversiones
sin detallar encaminadas al desarrollo de más de 100 municipios del Estado; ¿son mensajes
subliminales a la población para conseguir el favor del voto?
La verdad de todo, es que en un Juicio al Vapor, mal encausado, mal estructurado, violatorio del
debido proceso y el desacato palpable de una suspensión definitiva de amparo, dejan en claro que,
al Congreso Estatal, nada de esto le importa, se requieren tamaños para pasar por alto una
determinación del Tribunal de Amparo.
Los pretextos para instaurar un proceso que, a simple vista, se percibe que nadie sabe llevarlo a
cabo, violación tras violación, da como resultado una confabulación de intereses, cuya consecuencia
es la destitución de quien les resulta más incómodo para lograr fines electoreros ¿será esto acaso?
O de lo contrario, hay muchas cosas que preguntar:
¿Cuáles son las obras millonarias?, ¿para cuales municipios son?, ¿cuál es la inversión para cada uno
y cual el avance de las obras? Y aún más, ¿dónde están los 66 procedimientos instaurados en contra
del Auditor y por qué causas fueron?; además, ¿qué empuja a tener un Auditor Superior a modo y
por qué?
Lo que sea que se tenga pensado, tan solo basta leer un artículo de cómo y porque se instaura un
juicio político y nos daremos cuenta, que quien lo hizo, no tiene el más mínimo conocimiento de lo
que es un proceso de esta categoría y mucho menos, cual es la base para instaurarlo.
CONGRESO TIENE EN LA ILEGALIDAD A CEDH.
Nada nuevo que al “Honorable” congreso del estado, perdón, a la mayoría de diputados que
integran la 75 legislatura al congreso del estado de Michoacán, le valga un soberano cacahuate el
texto constitucional y las leyes que del mismo emanan, pues en esta ocasión, la indolencia con la
que se conducen algunos legisladores, tiene en la ilegalidad el funcionamiento de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos.
La historia de este entuerto comienza el pasado 2 de septiembre de 2021, cuando eligió y tomó
protesta de ley a los cuatro integrantes del Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
del Estado de Michoacán, integrado por los consejeros: . CARLOS EDUARDO RANGEL OTERO, SONIA
ZAVALA LÓPEZ, JUAN RIVERA SÁNCHEZ Y BRENDA ILAYALI NAVARRETE VÁZQUEZ, para ejercer el
cargo honorifico por un término de dos años.
Es el caso, que la LEY DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE MICHOACÁN DE
OCAMPO, establece en el primer párrafo de la fracción V del artículo 32, lo siguiente:
Artículo 32. Para la elección de los Consejeros propietarios y suplentes de la Comisión, el Congreso a
través de las Comisiones de Derechos Humanos y Justicia, emitirán consulta pública, procedimiento
por el cual expedirán convocatoria dirigida a la sociedad civil, a las universidades, organismos
sociales, colegios de profesionistas y a la sociedad en general, con la finalidad de allegarse de
propuestas de aspirantes, en los términos siguientes:
V. Si realizadas dos rondas de votación no se alcanzara la mayoría requerida, las comisiones de
Derechos Humanos y Justicia deberán presentar una nueva terna entre los aspirantes registrados.
Los Consejeros durarán dos años en su encargo, y podrán participar para ser reelectos por una sola
ocasión. Tendrán carácter honorífico.
Este dispositivo legal señala además en su artículo 33 lo siguiente:
Artículo 33. Los Consejeros dejarán de ejercer su encargo por alguna de las siguientes causas:
I.- Por concluir el período para el que fueron electos o reelectos;
En el supuesto previsto en la fracción I, la Comisión deberá informar al Congreso, con al menos un
mes de antelación a la terminación del encargo, a efecto de que tome las previsiones necesarias en
lo que corresponde a las fracciones III y IV, una vez conocido el hecho o notificado por la autoridad
correspondiente, deberán notificarlo al Congreso para los efectos.
En ese tenor, el pasado 1 de agosto de la presente anualidad, el presidente de la CEDH informó,
mediante el escrito número 1759/2023 a la presidenta de la mesa directiva del congreso JULIETA
GARCÍA ZEPEDA, del término del periodo para el que fueron electos los integrantes del consejo, para
que se diera el trámite legislativo correspondiente y se eligiera a sus nuevos integrantes.
Pero resulta, que la señora presidenta del congreso, entregó la comunicación referida el 25 de
agosto de la presente anualidad, aunque data el oficio el 3 de agosto de 2023, a la diputada LAURA
IVONNE PANTOJA ABASCAL presidenta de la comisión de derechos humanos del congreso, pero
equívocamente le señala que el presidente la de CEDH ya designó a los consejeros, como se
desprende de la simple lectura de la comunicación de GARCÍA ZEPEDA a PANTOJA ABSCAL.
Ahora bien, de la citada comunicación de GARCÍA ZEPEDA a PANTOJA ABASCAL se desprende que
las comisiones unidas de Derechos Humanos y Justicia del congreso, no han realizado el
procedimiento legislativo para elegir a los nuevos consejeros de la CEDH, como lo mandata la ley de
la materia, propiciando con ello, que dicho órgano autónomo esté en la ilegalidad por falta de su
consejo
