La decisión de San Francisco, que es el tribunal con jurisdicción sobre nueve estados del Oeste, se daba por descontada y supone el cierre de cualquier vía de éxito judicial del Gobierno de Trump antes de la decisión del Tribunal Supremo sobre el asunto.
El llamado veto migratorio llegó a los tribunales en Maryland y en Hawái, donde sendos jueces aceptaron los argumentos de los demandantes y prohibieron la aplicación de la medida del presidente. El recurso contra la decisión del juez de Maryland se resolvió en mayo. El Gobierno recurrió entonces al Tribunal Supremo pidiendo que tomara una decisión en este periodo de sesiones, que acaba este mes, alegando razones de urgencia. La decisión de San Francisco este lunes afirma que la sentencia del Supremo es “inminente”.
El primer veto migratorio fue dictado en febrero y prohibía la entrada temporalmente a los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana alegando razones de seguridad nacional. El decreto, presentado como una medida estrella de Trump para mantener al país a salvo de terroristas, no solo frenaba la concesión de visados a Irak, Irán, Siria, Libia, Somalia, Yemen y Sudán. Además dejó fuera del país a personas con los visados ya aprobados e incluso a residentes permanentes que estaban en el extranjero en ese momento, provocando escenas de caos en los aeropuertos.
Tras la suspensión judicial de aquel decreto, Donald Trump atacó en Twitter a los jueces diciendo que si había un atentado terrorista ellos eran responsable. El Gobierno perdió dos recursos en la Corte de Apelaciones de San Francisco y renunció a seguir litigando el asunto. Los jueces utilizaron las propias declaraciones de Trump en campaña, cuando prometió vetar la entrada de “todos los musulmanes” en Estados Unidos, para dar la razón al argumento de que la supuesta seguridad nacional en realidad era discriminación contra musulmanes, y por tanto inconstitucional.
El Gobierno decidió entonces dictar un nuevo decreto, rebajado respecto al anterior. En vez de siete países eran seis (Irak quedaba fuera) y ya no afectaba con efecto retroactivo a los que tenían visados o permiso de residencia en vigor. La Casa Blanca moderó su lenguaje e insistió a los medios en que no era un “veto migratorio” (travel ban). Fue recurrido de nuevo y otra vez suspendida su aplicación por los tribunales. De nuevo, con argumentos recogidos de declaraciones del propio Trump y su equipo para sospechar que había base legal de inconstitucionalidad. Tras perder el recurso en Virginia, la Administración decidió acudir directamente a Tribunal Supremo. La decisión de San Francisco este lunes es solo una última humillación de una de las medidas estrellas del presidente.
Este lunes era el último día de plazo para enviar argumentos al caso del Tribunal Supremo. El Estado de Hawái, que denunció los dos textos del veto migratorio, envió un escrito en el que incorpora al caso la última andanada de tuits de Trump sobre este asunto. El pasado 5 de junio, Trump tuiteó: “Necesitamos un veto migratorio (travel ban) para ciertos países peligrosos, no un término políticamente correcto que no nos ayude a proteger a nuestra gente”. Con esta frase, destruía los esfuerzos de su equipo por evitar las palabras travel ban.
