La American Chamber México se suma a las críticas e indica que la iniciativa va contra el T-MEC
La American Chamber México (Amcham) se sumó a las voces en contra de la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica del gobierno mexicano, porque dijo que va contra el T-MEC, viola tratados internacionales y es un retroceso para la competitividad del sector, el Estado de derecho y el desarrollo sustentable.
Para empezar, explican, la iniciativa va en contra de los compromisos que asumió el Gobierno mexicano en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), porque «no se reconocen los derechos adquiridos y el otorgamiento de contratos a las empresas».
En un comunicado, la Amcham dijo que se fortalece a la empresa del sector eléctrico del Estado, porque se privilegia la compra de centrales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en detrimento de la electricidad que generan los privados a través de energías limpias.
Al igual que la Cámara de Comercio de Estados Unidos, la llamada USChamber, consideró que al privilegiar las energías contaminantes y desplazar a las limpias va en contra de la Constitución, la Ley de Transición Energética y el Acuerdo de París. Otro de los puntos es que elimina la obligatoriedad de comprar por subastas, lo que significa que ya no se comprará a quienes ofrezcan mejor precio ni la mejor tecnología, además de que se obligará a la Comisión Reguladora de Energía a revocar los permisos de autoabastecimiento, ya que «modifica unilateralmente los derechos de los particulares para cancelar permisos, renegociar o terminar anticipadamente contratos públicos, lo cual es violatorio del principio de no retroactividad de la ley».
Las inversiones en el sector energético deben hacerse con «una visión integral de largo plazo, es decir, con reglas claras y transparentes que garanticen la continuidad y el éxito de los proyectos». Añadió que el sector energético representa el 6% del PIB y es determinante para que la economía mexicana pueda crecer sostenidamente, sin embargo, para lograr esa meta es necesario que el Estado garantice la libre competencia y certidumbre jurídica.
La Amcham pidió a los legisladores reflexionar en que la política energética debe tener un enfoque de certidumbre, libre competencia y respeto de los compromisos internacionales.
