A pesar de los discursos, y a solo 18 meses del final del sexenio, la militarización de la seguridad pública está lejos de dar los resultados que el presidente López Obrador había prometido en los días en los que parecía tener a la mano una solución mágica para todos los problemas de México.
Se termina el sexenio y en las entidades que gobierna Morena —en el 5 7% de las cuales la seguridad ha sido puesta bajo la responsabilidad de integrantes de las fuerzas armadas, marinos y militares— nada ha cambiado; incluso, en muchos casos, las cosas empeoran de manera dramática.
El presupuesto destinado al Ejército pasó de 81 mil millones de pesos durante el último año de Enrique Peña Nieto, a 112 mil millones en 2023. No tenemos, sin embargo, un país en calma.
Sonora, Sinaloa, Baja California, Zacatecas, Colima, Nayarit, Tamaulipas, Michoacán, Morelos, Guerrero, Veracruz y Quintana Roo, entre otros estados, se hallaban completamente bajo la bota del crimen organizado.
Cientos de miles de mexicanos sufren el horror de las ejecuciones, las extorsiones, el cobro de piso, la desaparición de personas, el desplazamiento forzado.
Un informe elaborado por AC Consultores muestra el número de delitos denunciados en el mes anterior a la llegada de los militares a cargos de seguridad en estados gobernados por Morena, y los compara con el número de carpetas de investigación abiertas en enero de 2023.
En el mes previo a la llegada del capitán de navío Manuel Llerandi a la Secretaría de Seguridad Pública de Colima, en octubre de 2021, se habían abierto 38 carpetas por homicidio. En enero de este año —Llerandi fue remplazado por el capitán de navío Héctor Alfredo Castillo Báez— el número de carpetas abiertas por el mismo delito fue de 63: una variación de más de 65%.
En Guerrero, el capitán Evelio Méndez Gómez tomó posesión de la Secretaría de Seguridad en septiembre de 2021, con 97 carpetas abiertas. Para enero de 2023, las carpetas por homicidio llegaron a 124. Una variación de 27.8%.
En Morelos, a la llegada del almirante José Antonio Ortiz Guarneros, en septiembre de 2018, se habían abierto 70 carpetas por homicidio. Enero de 2023 cerró con 99.
El incremento fue de 41.4%.
En Oaxaca la seguridad quedó en manos del capitán de fragata Iván García Álvarez. En el mes anterior a su llegada al cargo, noviembre de 2022, se habían abierto 60 carpetas por homicidio.
En enero se abrieron 79. El incremento fue de 31.7%.
Cuando el general Gilberto Landeros Briseño quedó al frente de la seguridad en Baja California —inició en el cargo el 1º de enero de 2022—, el mes anterior se habían abierto 8,027 carpetas de investigación por diversos delitos. Un año más tarde el número ascendió a 8,439.
En Quintana Roo, el contralmirante Rubén Oyarbide Pedrero recibió en septiembre de 2022 un estado con 4,302 carpetas abiertas. El número fue creciendo lentamente, de manera sostenida: cuatro meses más tarde llegó a 4,408.
Sinaloa es un caso de escándalo. En noviembre de 2021 tomó posesión el teniente coronel Cristóbal Castañeda Camarillo.
Recibió el estado con un total de 2,326 carpetas abiertas. En enero de 2023, el número llegó a 3,183. Un incremento de 36.8%
En Tamaulipas, en septiembre de 2022, el general Sergio Hernando Chávez García recibió un estado con 3,180 carpetas abiertas por diversos delitos. En enero de 2023, la cifra había subido a 3,357.
Según el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en enero de 2023, entre cuatro de los cinco estados más peligrosos de México por sus tasas de violencia por cada 100 mil habitantes se encuentran en manos de militares: son Colima (con una tasa de 8.3), Zacatecas (7.7), Morelos (5.6) y Baja California (5.2).
A un año y medio del fin, no hay indicios de que se vaya a reconocer que la militarización como estrategia falló. Pero esa estrategia falló: cuatro años y medio después siguen las ejecuciones, las masacres: nada ha podido detener la epidemia de violencia.
