Editorial El Universal
Un gobierno en el que los actos de corrupción se dan por norma, y la impunidad como consecuencia lógica, tarde o temprano es cuestionado por sus prácticas. Cualquier autoridad en este escenario tendrá problemas para consolidar a las instituciones democráticas y dejará de recibir inversiones por falta de certezas legales hacia los empresarios. Combatir la corrupción, desde cualquier punto de vista, ofrece los mayores beneficios a largo plazo para las sociedades.
Las democracias más avanzadas y la comunidad internacional han comprendido que el desarrollo económico pasa por neutralizar la corrupción dentro de las instituciones públicas, lo que implica el blindaje de los acuerdos comerciales entre naciones. En esta línea, como revela hoy EL UNIVERSAL, la Unión Europea prevé incluir un capítulo anticorrupción en el marco de la negociación del Acuerdo de Asociación entre esa zona geográfica y México.
Se trata de una situación similar a lo ocurrido durante las rondas de negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ya que una condicionante impuesta a México fue precisamente incluir un apartado anticorrupción. En el caso del TLCUEM, se busca comprometer a los socios del acuerdo a combatir de manera efectiva la corrupción que ocurre en el servicio público.
La comunidad internacional está priorizando el combate a la corrupción como estratagema que permita potenciar el desarrollo económico. El reclamo social, cuyo principal dolor es la corrupción, ha encontrado a un aliado inesperado en los acuerdos comerciales que México suscribe con las potencias democráticas del orbe. Esto abre la puerta al fortalecimiento institucional y al desarrollo económico de nuestro país.
La gran ventaja de lo anterior es que México tendrá que adoptar medidas anticorrupción si quiere formar parte de acuerdos comerciales tan trascendentes; sin embargo, es cuestionable que dichas políticas se realicen a partir de la presión económica y no por una genuina convicción de erradicar este penoso mal de nuestra vida pública. El hecho es una muestra de que la batalla contra la corrupción requiere de mayores esfuerzos desde las instituciones.
En México, los esfuerzos para neutralizar y acabar con la corrupción podrían ser viables: el ejemplo más acabado de ello es la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Cabe decir, sin embargo, que todavía se registran al interior de las instituciones serios intentos por debilitar los logros alcanzados. La bonanza económica y la consolidación democrática van de la mano, por lo que la corrupción tiene que combatirse de frente y sin cortapisas. Es el momento.
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