Si a usted no le preocupa la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), el cual obligará a las empresas de telefonía a recabar los datos biométricos de quienes van a adquirir un celular o mantener una línea, permítame compartirle una historia y algo más de historia.
Hace ya algunos años, un servidor era Compliance Officer de un banco y utilizaba un software para realizar las investigaciones de debida diligencia, y siempre me intrigó la precisión de los resultados que arrojaba para los clientes mexicanos. La ficha que el sistema generaba incluía la dirección, la fecha de nacimiento, el género y la CURP de los clientes; pero no fue sino hasta que tuvimos que renovar la licencia de este proveedor, cuando pude averiguar la razón: la empresa era propiedad de la tristemente célebre ChoicePoint.
Sí, la empresa que, en 2003, “compró” la base de datos del entonces Instituto Federal Electoral por la módica cantidad de 200,000 pesos y puso a disposición de sus clientes la información sensible de la totalidad de los votantes en México. Una vez que el caso fue dado a conocer, se abrieron investigaciones en México y Estados Unidos, pero no me consta que alguien haya sido procesado ni que ChoicePoint haya enfrentado algún tipo de sanción. A lo mucho, la empresa argumentó que había obtenido el padrón de manera legal y que su uso era para fines policiacos, lo cual es entendible, ya que, al parecer, su cliente era el Department of Homeland Security.
En 2008, se aprobó el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut) y se nos quiso obligar a registrarnos y entregar nuestra información, y, a las empresas de telefonía, a crear una base de usuarios. Obviamente, la mayoría no se registró, lo cual no resultó ser mala idea, ya que, en 2010, nos enteramos de que la base de datos con los 20 millones de usuarios que sí se registraron estaba a la venta por internet por tan sólo 500 pesos, lo cual llevó, en 2012, al entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos a ordenar su eliminación.
En 2010, hubo otra fuga de información o venta del padrón del IFE, cortesía del entonces partido político Convergencia por la Democracia, que luego se transformó en Movimiento Ciudadano, por la cual, en 2016, el Instituto Nacional Electoral sancionó al partido con una multa de 61 millones de pesos y a Ricardo Mejía Berdeja, entonces secretario de Organización del partido, con otra por 25,000 pesos, al determinarse que el ahora subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (y defensor de esta locura) había incumplido su obligación de mantener a buen resguardo la información.
En 2021, nuestros legisladores crearon el Panaut con la finalidad de combatir el uso delictivo de celulares y evitar, por ejemplo, las llamadas de extorsión o el manejo de grupos delincuenciales desde los reclusorios, imponiéndole al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) obligaciones que no necesariamente podrán cumplirse, por falta de presupuesto; a las compañías de telefonía, una tarea titánica que podría suplirse con otras medidas (a decir de AT&T México); y a usted, una violación a sus garantías individuales.
Supongamos que se comete un delito desde un teléfono que, por una fuga de información, está registrado con los datos biométricos de usted. El Ministerio Público podría ligarlo con ese homicidio, ese secuestro o esa extorsión, y quedar, por lo menos, vinculado a proceso. Funcionarios del IFT advirtieron que, sin un aumento de 900 millones de pesos (mdp) a su presupuesto, más 223 mdp anuales para mantenimiento y operación de la plataforma, la seguridad de los datos biométricos de los usuarios estaría comprometida.
