Frente a la polémica nacional que se ha generado sobre la presencia del sargazo y si el combate a esta plaga de macroalgas es o no un tema prioritario dentro de la agenda del gobierno federal, resalta un hecho innegable: el sargazo es de todos los mexicanos, pero las playas no… esas son privadas.
Esa es la cómoda posición de la iniciativa privada que es dueña de la mayor parte del litoral mexicano en donde se presenta actualmente el problema de contaminación por sargazo, en donde los dueños de complejos hoteleros intentan endilgar al gobierno federal la responsabilidad de limpieza de las playas que están bajo el usufructo de los capitales privados.
El problema del sargazo no se limita al estado de Quintana Roo, donde si bien es cierto se registra la mayor afectación por la potencialidad turística de esos destinos de playa; el sargazo también afecta –aunque en menor proporción mediática- en algunas de las playas de Chiapas, Guerrero y Michoacán, donde las medidas locales de contención por parte de la Marina han sido más eficientes.
Si –como dicen los empresarios turísticos propietarios de las playas mexicanas- el problema del sargazo es de injerencia federal, también lo debería ser la propiedad de las playas, muchas de las cuales han sido privatizadas desde el 2013, cuando el Congreso Federal modificó el artículo 27 constitucional, con el que se permitió que extranjeros pudiera adquirir en propiedad terrenos en costas y litorales del país.
Enrique Peña Impuso el Desorden
Desde el primer año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, bajo el pretexto de una mayor recaudación fiscal y un sostenido crecimiento del sector turístico, se dio carta abierta a la privatización de las playas mexicanas, muchas de las cuales han quedado en manos de inversionistas extranjeros, quienes hoy no quieren invertir en el combate al sargazo, dejando esa responsabilidad al gobierno federal, con cargo al erario nacional.
A la fecha, payas que eran públicas en Nayarit, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, Baja California y Baja California Sur, han dejado de ser propiedad de la nación para convertirse en inversiones de consorcios internacionales, que argumentan el desarrollo de polos turísticos, muchas veces a costa del bienestar de las comunidades indígenas y del cuidado del entorno ambiental.
El caso más reciente, que ha causado inconformidad social, es el que se registró en Cancún, Quintana Roo, en donde el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) vendió a la empresa Villas Solaris S. de R.L. de C.V. parte de la playa publica Los Delfines, en donde el consorcio ya inicio la construcción de dos clubes privados.
En el caso de La Playa los Delfines, la inconformidad social, no sólo se finca en el hecho de que es una de las pocas playas públicas de las que podía disponer la comunidad, sino que se trata también de un santuario para la reproducción de tortugas de las especies Blanca, Laúd, Caguama y Carey, y para las aves de la especie Pluvialis, mejor conocidas como chorlitos, que hoy son afectados por la invasión del sargazo.
El conflicto que surge en la Playa Los Delfines de Cancún, no por ser el más reciente es el más importante; en Nayarit existen 34 playas públicas, las que están consideradas desde el 2014 en el plan de desarrollo municipal de Bahía de Banderas, de las que a la fecha 31 son ocupadas por desarrollos turísticos de empresas internacionales, los que ya han reclamado medidas de contención contra la posibilidad de invasión de una mancha de sargazo.
En esa entidad, por gestiones del entonces gobernador Roberto Sandoval Castañeda, bajo el proyecto de promoción a la inversión que se gestó en su administración, se dio manga ancha a la venta de playas, dejando solamente tres playas con carácter público: Bucerías, La Cruz de Huanacaxtle y La Manzanilla, en donde grupos indígenas y pobladores de la zona se siguen oponiendo a la instalación de nuevos hoteles.
Allí mismo, en Nayarit, desde el 2015 el pueblo huichol fue arrebatado de la propiedad ancestral de su suelo sagrado, luego que la pasada administración estatal cedió el dominio de más de 100 hectáreas de la zona conocida como Playa del Rey, una playa pública y sitio ceremonial de los pueblos naturales, en donde se pretende a construcción de tres complejos turísticos de las empresas Desarrollos Turísticos Paraíso del Rey S.A. de C.V. y Desarrollos Turísticos Aramara S.A. de C.V.
En Michoacán ocurre un caso similar. Desde el 2008, aun sin reforma al Artículo 27 Constitucional, un grupo de particulares se comenzó a apropiar de 250 hectáreas de playa, dentro de la Bahía El Tamarindillo, en el ejido El Ticuiz, en donde las protestas de los ejidatarios resultaron infructuosas, pese a que se demostró la falsificación de actas ejidales que cedían la propiedad en favor de un grupo de empresarios -cobijados por el entonces presidente Felipe Calderón- que a la fecha ha instalado un conjunto residencial en la zona.
La disputa de los predios de playa en la zona de El Tamarindillo se mantiene vigente, aunque las denuncias de los ejidatarios contra los que se han hecho de la propiedad se mantienen congeladas en dos agencias del ministerio público, tanto del fuero federal como del local, en donde no se han escuchado los reclamos de los propietarios comunales de las playas.
En Jalisco, sucede lo mismo. Desde el 2012 ya son 33 de las 36 playas públicas de esta entidad las que se encuentran bajo el dominio de consorcios hoteleros que han establecido allí sus desarrollos turísticos y empresariales, negando la posibilidad del acceso público a las playas, con afectación directa para algunos grupos de pescadores, como sucede en la Playa Careyitos, la que ahora es propiedad de la empresa Imágenes y Espectáculos de Lujo S.A. de C.V.
Un Botín, las Playas de Baja California Sur
De acuerdo al Colectivo Pericú, de Baja California Sur, en esa entidad también se registra el fenómeno de la privatización de playas. Allí los espacios de Nopoló y Tripuí, que eran espacios comunales, de apoco han comenzado a ser invadidos por desarrollos turísticos propiedad de consorcios nacionales e internacionales.
Organizaciones civiles de esa entidad como el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y La Vida que encabeza Juan Trasviña, han venido alertando desde el 2014 sobre los intereses particulares que existen entre algunos grupos de empresarios, por hacerse de las playas públicas, entre ellas la de Los Arbolitos y la de El Médano.
Pero el mayor riesgo de privatización que se registra en Baja California Sur, es el que se da en torno a la Playa de Cabo Pulmo, en donde organizaciones internacionales como Greenpeace han alertado que desde el 2008 la empresa Hansa Urbana pretende una autorización federal para construir en el sitio un proyecto turístico denominado Cabo Cortés.
Las gestiones de la citada empresa frente a las instancias en la materia del gobierno federal, no han sido infructuosas, pues en el 2011 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) autorizó al consorcio Hansa Urbana la ocupación de una extensión de 3 mil 800 hectáreas para construir una marina, 27 mil habitaciones de hotel y dos campos de golf en el área de Cabo Pulmo.
Ante ese panorama, Greenpeace ha manifestado su preocupación, por considerar que “el riesgo principal para el arrecife de Cabo Pulmo es el arrastre de contaminantes, sedimentos del dragado de la marina, aceites de las embarcaciones, salmueras de la desaladora y aguas residuales”, lo que impactaría directamente en la gran biodiversidad conservada y recuperada en 15 años de trabajo.
Pese a los señalamientos de la organización internacional que lucha por la preservación del medio ambiente, con relación al riesgo que implica la privatización de la playa de Cabo Pulmo, en Baja California Sur las autoridades estatales y la misma federación han sido omisas, pues el proyecto solo se encuentra suspendido, pero no cancelado.
Jalisco, Un Caso Excepcional
En el estado de Jalisco es donde se registra el único caso, desde que en el 2013 se permitió la privatización del litoral mexicano, en donde una playa ha sido recuperada a favor de la comunidad, luego que los intereses de particulares afectaron a toda la colectividad, negando el acceso a pescadores y paseantes locales.
La Playa de Tenacatita fue recuperada por el gobierno municipal de esa localidad, y ahora se encuentra bajo su resguardo, para garantizar su uso público con fines de esparcimiento y de preservación al medio ambiente, luego que el consorcio que había logrado su propiedad incumplió con las normas de cuidado ambiental, entre ellas el retiro de sargazo.
Para hacerse de la propiedad de la playa de Tenacatita, la inmobiliaria Rodena desalojó por la fuerza, en el 2010 al amparo de una orden judicial, a los ejidatarios de El Rebalse de Apazulco, los que se habían negado a la expropiación del suelo, luego que la federación cedió desde el año 1992 en propiedad 294 mil metros cuadrados de playa.
Una parte de la zona costera de Tenacatita había sido entregada en propiedad a la empresa inmobiliaria Rodenas, la que había anunciado desde el 2013 un polo de desarrollo turístico, en aparente beneficio de la economía local, en donde planeó la construcción de residencias vacacionales, las que se dijo fomentarían el empleo para los habitantes de esa parte del estado.
Sin embargo, la inmobiliaria Rodenas no cumplió con la presentación de los estudios de impacto ambiental y prorrogó sin explicación alguna los inicios de los trabajos de constricción del desarrollo ofrecido, vedando el paso de los lugareños a la zona de playa, lo que también afectó a decenas de familias de pescadores.
Con base a ello, el gobierno municipal, con el respaldo del gobierno estatal de la administración pasada, decidió iniciar acciones legales para la recuperación de la playa, lo que se logró ante la instancia judicial federal, al argumentarse la afectación económica y social que representaba para los habitantes de Tenacatita el cierre de la playa.
Diputados, el Origen del Problema
El proceso de privatización de las playas mexicanas, prohibido desde 1917, inició el 24 de abril del 2013, cuando en el pleno de la Cámara de Diputados se aprobó la reforma al artículo 27 constitucional, con el que se eliminó la prohibición que existía para que extranjeros pudieran comprar predios dentro de la zona restringida que comprendía los primeros 100 kilómetros a partir de las fronteras y los primeros 50 kilómetros a partir de los litorales.
El proyecto de reforma al citado artículo constitucional, que fue promovido por la fracciones del PRI y avalado por la PAN, para ser finalmente ratificado en el Senado de la Republica, en la cámara de origen contó con el voto a favor de 356 diputados, otros 119 se dijeron en contra, mientras que dos legisladores se abstuvieron de la votación, haciendo valida la posibilidad de que extranjeros pudieran comprar playas mexicanas.
En su momento, de acuerdo al histórico de la cámara de diputados, se estableció que el Estado mexicano seguiría con el dominio de tierras y aguas nacionales, y que para ello deberían contar, quienes aspiraran a la compra de playas, con el aval de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a fin de que los posibles propietarios no invocaran la protección de sus gobiernos.
Entre las voces de diputados que se alzaron contra esa iniciativa de reforma, se escuchó la de la diputada Loretta Ortiz, del Partido del Trabajo, la que recalcó la propiedad de la nación sobre las playas, pronosticando que los litorales en manos de extranjeros generarían conflictos y que muchas playas se verían cerradas para los mexicanos “y también a las fuerzas de seguridad”.
Otra voz disidente frente al origen del proyecto de privatización fue la del entonces diputado del partido Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal, quien dijo que se trataba de “un ejercicio urgente para entregar nuestras tierras cercanas a las costas y nuestras fronteras a los extranjeros”, lo que soló, explicó, “vendrá a favorecer los intereses de los extranjeros por encima de los intereses nacionales”.
En Cancún, un Velo de Dudas
La privatización de La Playa Los Delfines que se ha consumado en Cancún, no es el primer intento del sector empresarial por hacerse de la playa pública más importante de las 10 que tiene este destino turístico, ya en el 2005 otro consorcio había pretendido hacerse de la propiedad de este sitio; la firma italiana Bi&Di había logrado permisos de la federación para construir el desarrollo turístico “La Herradura”.
Las intenciones de la firma Bi&Di fueron frenadas ante la protesta permanente de un grupo ciudadanos, los que tuvieron que recurrir ante el portal de Change.Org para presionar al gobierno al cese de los permisos, lo que ocurrió en el 2014 cuando la SEMARNAT retiró la autorización para la construcción de un hotel, áreas recreativas privadas y dos clubes de playa.
Ahora, de nueva cuenta resurge el conflicto social no solo por lo que se apunta como el despojo de una playa pública a los habitantes de Quintana Roo, sino por la omisión de la empresa para encarar el problema del sargazo, luego que la empresa Villas Solaris S. de R.L. de C.V. con una inversión de 90 millones de dólares va por la construcción de un hotel de 14 pisos con 450 habitaciones en la zona turística comunal de Los Delfines, pero quiere que sea el gobierno federal el que se haga cargo de la limpieza del sargazo.
Aun cuando el anunció de la construcción de lo que sería el hotel Grand Solaris Cancún se hizo apenas a mediados del 2017, la adquisición de cinco hectáreas de terreno de la playa pública se hizo en el 2005, durante la administración del gobernador Félix Gonzalez Canto, donde la parte vendedora fue el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) entonces encabezado por John McCarthy.
Pero fue durante la administración de Roberto Borge, ya en el 2014, cuando se otorgaron todos los permisos locales de revisión al impacto ambiental y para la construcción del desarrollo turístico, por lo que transacción ha corrido un velo de dudas entre la población, donde no se establece el compromiso de los propietarios de las playas para mantenerlas limpias y atender problemas de contaminación, humana o natural, como la del sargazo.
Fuente:http://www.zenzontle400.mx/2019/06/27/bonito-pais-las-playas-son-privadas-pero-el-sargazo-si-es-de-todos/?fbclid=IwAR2ks_L_Yjd3hvnspEJvyIkxcmFKP1F4JohCoLq60q9RBkfYIb7r7F6rr2s
