Por Armando Saavedra Magaña
*CIFRAS REVELAN TRIUNFO OPOSITOR EN VENEZUELA.
*REFORMA JUDICIAL, PRIMERO FISCALÍAS.
*MISCELÁNEA POLÍTICA.
Hoy, cuatro días después de la jornada electoral, estamos en alguna condición de entender las
actitudes y el comportamiento violento de represión del gobierno que encabeza aún NICOLÁS
MADURO MOROS, pues al darse a conocer las cifras de las actas de computo de los votos emitidos
por lo venezolanos el pasado domingo 28 de julio, por el bloque opositor, queda muy claro el triunfo
de la oposición y la estrepitosa derrota del aun presidente MADURO.
El bloque opositor venezolano, dio a conocer la liga del portal https://resultadosconvzla.com/, en el
que se hacen públicos los resultados de 24,576 casillas o “mesas” receptoras de votos, de 30,026
casillas o “mesas” receptoras de votos instaladas en todo el país, resultados que revelan que el
candidato opositor EDMUNDO GONZÁLEZ URRUTIA obtuvo 7,173,152 votos, es decir el 67%, por los
3,250,424 votos obtenidos por al actual presidente, que significan el 30% de los votos emitidos.
De acuerdo a datos publicados por el bloque opositor al gobierno chavista, la lista nominal de
electores con derecho a votar el pasado domingo 28 de julio, fue de 17,777,955 de ciudadanos
venezolanos, empero, de acuerdo a esos mismos datos, la participación ciudadana fue de
10,693,249 de votantes, lo que significó una participación ciudadana del 60,15%, empero, hay que
señalar que los datos conocidos corresponden solo al 81.84% de las mesas receptoras instaladas en
todo el país.
Si bien, faltaría conocer y en consecuencia computar el resultado del 18.16% de las mesas
receptoras, los datos conocidos hasta ahora, revelan una tendencia irreversible a favor del bloque
opositor, pues la votación es de dos a uno a favor de la oposición, de manera que, si la tendencia se
conserva en la misma proporción porcentual, el triunfo del bloque opositor con EDMUNDO
GONZÁLEZ URRUTIA a la cabeza, es irreversible.
Por su parte, el Consejo Nacional Electoral por medio de su presidente ELVIS AMOROSO, hizo público
que el presidente NICOLAS MADURO MOROS había resultado el ganador de la elección con el 51%
de los votos emitidos, empero, no mostró alguna prueba documental de los resultados, se limitó a
dar ese resultado y a señalar que el sistema electrónico de votación había sufrido varios ataques
cibernéticos e intentos de hackeo, pero nada más.
Este asunto va para largo, pues aun cuando el Consejo nacional Electoral tiene la obligación
constitucional de exhibir los resultados de las actas levantadas en las mesas de votación de todo el
país, 48 horas después de carrada las votaciones, el CNE no lo ha hecho, a pesar de haber declarado
vencedor al presidente MADURO MOROS, lo que levantó más sospechas, pues, si no tiene los
resultados totales, ¿cómo logró saber que MADURO fue el vencedor?
Lo cierto de todo en este momento, es que, por una parte, la comunidad internacional está pidiendo
al CNE la publicación de los resultados, las fuerzas del ejército y las policiacas de Venezuela, han
reprimido cualquier manifestación en contra del presidente MADURO, los líderes del bloque
opositor están escondidos, pues están advertidos que, de aparecer, serán detenidos y encarcelados,
inclusive, el presidente MADURO ya dijo que nunca los dejará llegar al poder.
Y para acabarla de amolar, la tarde de este jueves, el secretario de estado norteamericano ANTONY
BLINKEN, reconoció a nombre del gobierno de los Estado Unidos al opositor EDMUNDO GONZÁLEZ
URRUTIA como el candidato ganador de las elecciones del pasado domingo 28 de julio en Venezuela,
lo que ocasionó, según fuentes de inteligencia, que fuerzas de los ejércitos de Rusia y Cuba hayan
arribado a suelo venezolano vía marítima. Las cosas se ponen más que difíciles.
REFORMA JUDICIAL, PRIMERO FISCALÍAS.
Vaya que ha sido más que estridente todo el proemio que deberá terminar con una profunda
reforma al poder judicial federal y a los poderes judiciales de los estados, donde el oficialismo, a
pesar de que no se ha resuelto el asunto de la famosa “sobrerrepresentación” el que se espera sea
resuelto por las instancias jurisdiccionales, ya da por aprobada dicha reforma, infiriendo con ello,
que dicha sobrerrepresentación les será favorable y tendrán mayoría calificada en la cámara de
diputados y casi en la senadores, para con ello, como trámite aprobar las citadas reformas.
Sin embargo, valiera la pena hacer alguna reflexión al respecto, por que desde el punto de vista de
muchos expertos en derecho constitucional, la reforma como hasta el momento se ha planteado y
se conoce, es incompleta, pues no contempla para nada, las fiscalías estatales y la general de la
república, que son realmente, el talón de Aquiles de nuestro sistema de justicia, ya que los datos
que hoy conocemos, las fiscalías son responsables en gran parte de la impunidad en el país.
Solo para ilustrar de alguna manera este asunto de la impunidad, vale la pena señalar que, en el año
2022, de los 2.2 millones de carpetas de investigación abiertas en todo el país, solo en 96,500 casos
(el 4.3% del total), la Fiscalía logró que un juez dictara la vinculación a proceso de los acusados. La
vinculación a proceso es un paso fundamental en el sistema judicial, donde se evalúa la solidez de
las pruebas y la legalidad de la acusación que hacen las fiscalías.
Sin embargo, llegar a una sentencia condenatoria es aún más selectivo. Según datos obtenidos
mediante transparencia, solo el 0.5% de las carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía General
del Estado en 2023 terminaron en sentencia condenatoria. Esto significa que, de cada mil carpetas,
solo cinco resultaron en una condena efectiva.
Es importante recordar que la vinculación a proceso es solo el primer paso. Posteriormente, el caso
debe avanzar en el sistema judicial, enfrentando juicios, pruebas y argumentos antes de llegar a una
sentencia. Por lo tanto, la cifra tan baja de sentencias condenatorias refleja los desafíos
estructurales y la complejidad del sistema de justicia penal en México.
En resumen, la judicialización y la obtención de sentencias condenatorias son áreas críticas que
requieren mejoras continuas para garantizar la rendición de cuentas y reducir la impunidad. En
2022, se abrieron un total de 2.2 millones de carpetas de investigación en todo el país. Sin embargo,
solo en 96,500 casos (aproximadamente el 4.3% del total) la Fiscalía logró que un juez dictara la
vinculación a proceso de los acusados. La vinculación a proceso es un paso fundamental en el
proceso judicial, donde se evalúa la solidez de las pruebas y la legalidad de la acusación.
Además, en el periodo de marzo de 2019 a agosto de 2023, la Fiscalía Especializada en Materia de
Combate a la Corrupción (FEMCC) también enfrentó desafíos similares. De las carpetas de
investigación iniciadas por la FEMCC, solo el 5.2% llegó ante un juez para determinar un posible
delito y condena2.
Es importante destacar que la baja tasa de judicialización no solo refleja la eficacia de los fiscales en
convencer a los jueces, sino también la calidad de las investigaciones iniciales. Si menos del 5% de
los expedientes pasan esta etapa, es un indicador preocupante de los fallos en la procuración de
justicia, de ahí que, se considere incompleta la iniciativa de reforma al poder judicial, pues como ya
se dijo, el titular de la acción penal en el país, es el ministerio público y éste, es muy deficiente en
sus acusaciones, lo que provoca mucha impunidad.
MISCELÁNEA POLÍTICA.
Cada día que transcurre, queda más claro, que los partidos políticos que formaron el frente opositor
“Fuerza y Corazón por México”, es decir, los partidos Acción Nacional, el Revolucionario Institucional
y el de la Revolución Democrática en extinción, una vez más, no serán capaces de conformar un
frente opositor el interior del congreso del estado, al instalarse la 76 legislatura, pues sus respectivas
fracciones legislativas caminarán cada una por su lado, dejando de lado la posibilidad de integrar un
sola fracción legislativa que les dé acceso al gobierno del congreso del estado.
Para nadie ha sido secreto, que más de algún dirigente de estos partidos políticos en el estado, han
sido cooptados por el oficialismo, con el objeto de hacer lo necesario, para anular cualquiera
posibilidad de que los opositores,se conviertan también en contrapesos de la administración estatal
que encabeza FREDY RAMÍREZ BEDOLLA, cooptación que también se dio durante el proceso
electoral, con pingues resultados en la capital del estado, pues el candidato oficialista perdió.
Con la mayoría calificada, circunstancia que le permitirá hacer todo lo que el gobierno estatal
morenista quiera al interior del congreso, reformas constitucionales incluidas, a la administración el
interesa que los diputados opositores no se conviertan en una sola fracción parlamentaria, lo que
les daría posibilidad de participar en el gobierno del congreso, de ahí que, haya dado la instrucción
a los diputados “opositores” cooptados, de abortar cualquier intento de formar una fracción
legislativa única.
Vaya que la diputada ADRIANA HERNÁNDEZ ÍÑIGUEZ volvió a ponerle el cascabel al gato, pues acusó
a los integrantes de la 75 legislatura al congreso del estado, de negarse a transparentar el gasto
público del propio congreso, de manera que, dicha legislatura cerrará sus actividades sumida la
opacidad, sin cumplir la obligación constitucional de rendición de cuentas y lo anterior no es nuevo,
ya en años anteriores, diputados morenistas denunciaron manejo irregular de los recursos del
congreso.
Pues para JUAN CARLOS VELAZCO PROCELL, valió la pena sacrificarse disciplinadamente en el
reparto de las posiciones políticas que hizo en el proceso electoral ERNESTO NÚÑEZ, “EL MOCHES”
AGUILAR, dirigente del Partido Verde Ecologista de México en Michoacán, pues a propuesta del
propio “MOCHES”, VELAZCO PROCELL fue designado por el gobernador del estado Director General
del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Michoacán. Ahora veremos que el dirigente
verde no obligue al director del CECYTEM a convertir en sucursal del PVEM a dicha institución.
