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El creciente aumento de una nueva forma de movilidad en México ha generado preguntas, soluciones, responsabilidades y vacíos legales. Las nuevas empresas como Uber, Cabify, Easy Taxi, entre otras, han incursionado en el mercado de la movilidad alrededor del mundo y han revolucionado el transporte privado. Trasladarse de un punto a otro es tan simple como abrir una aplicación, escribir el destino, seleccionar el tipo de automóvil y listo; los usuarios tienen un chofer preparado para llevarlos a su destino. La particularidad de este servicio es que las empresas dicen  ofrecer un servicio “seguro y confiable”. Sin embargo, la realidad es que estas empresas sólo conectan a los usuarios con un chofer y, por ello, pueden excusarse de responsabilidades. Recientemente, hubo una gran controversia con la empresa Uber porque dentro de sus términos y condiciones señaló que no se hacía responsable por nada de lo que sucediera durante el uso del servicio. Las reacciones han sido varias, pero la más importante es que estos servicios requieren urgentemente de una regulación gubernamental.

La particularidad de estas empresas es que cualquiera con un teléfono inteligente puede acceder, a través de una aplicación, a sus servicios. Derivado de ello, han surgido problemas respecto a cómo regular una aplicación de manera social y económica, así como en el aspecto de la seguridad de los usuarios. La realidad es que las empresas tipo Uber (choferes privados) deberían ser responsables de la conducta de sus choferes en aspectos como acoso, hostigamiento o violencia que propiciaran en contra de sus usuarios dentro del territorio nacional. Dicho de otra manera, cualquier delito cometido por estos choferes privados durante el ejercicio de su trabajo debe ser penalizado y los responsables deberían ser tanto la empresa como el chofer.

El hecho crucial para que la sociedad priorizará la regulación de estos servicios fue el asesinato de la estudiante de 19 años, Mara Castilla, en Puebla. Los hechos fueron así: Castilla pidió un Cabify al salir de un antro, aproximadamente a las 4 am, para que el chofer la llevará a su destino; el chofer, Ricardo Alexis, la recogió y comenzó el viaje que terminó sin que ella nunca descendiera del vehículo. Los reportes oficiales afirman que el chofer aprovechó su estado de ebriedad para abusar sexualmente de ella en un motel donde la asesinó. La noticia sacudió a toda la sociedad mexicana al ser un caso que le pudo haber pasado a cualquiera que utilizara estos servicios, sobre todo porque el mismo servicio afirmaba ser “seguro” para los usuarios.

La importancia del caso de Mara Castilla es que la sociedad civil y las autoridades notaron, tal vez por primera vez, que no había regulación en materia de delitos sexuales a dichas empresas. La empresa Uber, en 2015, tenía en México 1.2 millones de usuarios y 39 mil choferes. Datos para nada irrelevantes, puesto que actualmente Uber está presente en 35 ciudades de 21 estados de la república mexicana. La primera entidad federativa que tomó acciones para regular este tipo de delitos en transportes privados fue Puebla, a partir del asesinato de Mara Castilla. Las acciones que tomaron las autoridades poblanas fueron revocarle la licencia de funcionamiento a Cabify “por irregularidades en su protocolo de seguridad”. La empresa manifestó su inconformidad frente a dicha revocación al afirmar que, desde su llegada al estado de Puebla, ha cumplido con todos los requisitos de la ley. Además, Cabify presentó la carta de no antecedentes penales de Alexis, pero eso no prueba que el chofer tuviera un buen estado de salud mental, puesto que, posteriormente, Uber publicó un comunicado en sus redes sociales donde mencionaba que Alexis había sido despedido de su empresa por comportamiento indebido.

A raíz de todo esto, el congreso de Puebla modificó su ley de transporte donde regularía a las empresas de choferes privados como Uber, Cabify y similares. Dichas modificaciones establecieron que este tipo de empresas debían transparentar y actualizar mensualmente su padrón de choferes, instalar botones de pánico, permitir compartir en tiempo real la ubicación del usuario con familiares, pruebas toxicológicas, psicológicas, psicométricas y estudios socioeconómicos a sus conductores; además de facultar a las autoridades poblanas de acceder a los servicios de geolocalización que usan estas plataformas, en caso de ser necesario, para una investigación. El aspecto más importante de la modificación fue que las empresas serán responsables solidarios[1] en casos de daños y perjuicios por conductas de los choferes.

Para el caso de Uber, en México, es necesario cuestionarse qué es lo que hace esta empresa para proteger a sus usuarios. La política de privacidad de dicha empresa estipula que  “Podemos utilizar la información que recopilamos para investigar o atender reclamaciones o disputas relacionadas con el uso que usted hace de los servicios de Uber, o para cualquier otro aspecto permitido por la ley aplicable.” Más adelante, explican que la información recopilada incluye desde los datos personales básicos (nombre, edad, correo electrónico, número de teléfono, etcétera). Además, la empresa puede recopilar tu ubicación mediante los servicios de geolocalización en primer plano –una aplicación está en primer plano cuando el usuario está interactuando en ella– y cuando está en segundo plano –una aplicación está en segundo plano cuando el usuario minimiza y está afuera de la misma. Así como la información completa del celular y las demás interacciones con la aplicación de Uber. En otras palabras, Uber puede rastrear a sus usuarios, saber su información personal y su localización incluso después de pedir el viaje. Toda esta información podría permitir a las autoridades conocer la situación del usuario cuando haya ocurrido un incidente. Dentro de sus políticas, Uber tiene la autorización de compartir la información de sus usuarios a alguna autoridad, agente del orden público o por alguna ley vigente, norma, estatuto o proceso legal a través de una solicitud de información que debe llenarse por la parte interesada donde exprese sus motivos bien fundamentados.

Respecto a los choferes, cuando pides un servicio de Uber, la plataforma ofrece ciertos datos del mismo como nombre, foto, color del coche (ocasionalmente), placas y calificación por otros usuarios. Recientemente, la aplicación de Uber te ofrece la posibilidad de visitar el perfil de tu conductor para ver los logros que ha tenido y las opiniones de los usuarios; esto genera un tipo  de rendición de cuentas y transparencia. Dentro de ello, durante el viaje los usuarios mediante un mensaje de texto pueden compartir su  ubicación en tiempo real o su hora de llegada a amigos o a familiares, aun si no tienen la aplicación. Sin embargo, la plataforma no ofrece ningún botón de pánico en caso de que te sientas inseguro durante el viaje; los usuarios sólo hasta el final de su viaje pueden calificar al chofer y tienen la posibilidad de reporta algún incidente. Otro problema que existe son los requisitos que tienen que cumplir los choferes de Uber. Por ejemplo, en ciudad de México, para poder ingresar como conductor de Uber sólo es necesario presentar una identificación oficial como la credencial para votar o el pasaporte, una licencia de conducir vigente, una carta de antecedentes penales, una tarjeta de circulación vigente, un seguro particular de cobertura amplia, un examen psicométrico y una revisión de tus antecedentes automovilísticos. No obstante, muchos choferes activos de Uber no cubren todos estos requisitos.

Ahora bien, la empresa en sus términos de uso se ha deslindado de toda responsabilidad al usar sus servicios. Para empezar, en las condiciones de uso, la empresa describe lo que es realmente frente a la ley:

Los Servicios constituyen una plataforma de tecnología que permite a los usuarios de aplicaciones móviles de Uber o páginas web proporcionadas como parte de los Servicios (cada una, una “Aplicación”) organizar y planear el transporte y/o servicios de logística con terceros proveedores independientes de dichos servicios, incluidos terceros transportistas independientes y terceros proveedores logísticos independientes, conforme a un acuerdo con Uber o algunos afiliados de Uber (“Terceros proveedores”).

De tal manera que Uber es, en esencia, una plataforma tecnológica donde conecta a los usuarios con choferes privados. Dentro de ello, la empresa aclara que no tiene empleados y, sobre todo, no es una empresa de transporte ni funciona como tal; básicamente la responsabilidad del servicio recae en los terceros contratistas independientes. Para los propósitos del artículo serán omitidas las repercusiones laborales que tiene para los trabajadores de la compañía. En sí, los términos de uso imposibilitan a los usuarios a demandar a la empresa Uber por sus choferes, porque no son sus trabajadores. Este hecho es preocupante, debido a que la totalidad de la responsabilidad recae en el tercero contratista independiente; con lo cual, la empresa puede salir libre de la culpa al excusarse de que no era su trabajador.

Incluso, Uber, en el apartado 5: Renuncias; Limitación de responsabilidad; Indemnidad, se deslinda de toda responsabilidad en cuanto a la calidad del auto, la puntualidad, la habilidad y la calidad del conductor; así como de la seguridad del usuario.

UBER NO GARANTIZA LA CALIDAD, IDONEIDAD, SEGURIDAD O HABILIDAD DE LOS TERCEROS PROVEEDORES. USTED ACUERDA QUE TODO RIESGO DERIVADO DE SU USO DE LOS SERVICIOS Y CUALQUIER SERVICIO O BIEN SOLICITADO EN RELACIÓN CON AQUELLOS SERÁ ÚNICAMENTE SUYO, EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE.

Como es posible observar, la empresa elude toda la responsabilidad tanto para el chofer como para el usuario. De esta manera, Uber no se compromete a cumplir con lo que promociona, viajes seguros y confiables, en su página oficial: “De principio a fin, un viaje de confianza. Tu seguridad es importante para nosotros antes, durante y después de cada viaje. Por eso continuamos desarrollando tecnología que ayuda a lograr que millones de viajes sean más seguros cada día.”

Iván García Argueta. Estudiante de la licenciatura en derecho en el CIDE.

NOTA: Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es) y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

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 [1] El ser responsable solidario significa que la persona dañada tiene derecho de reclamar el pago de una deuda o el resarcimiento de un daño a los responsables en este caso la empresa y el chofer sin que ellos puedan evadir su responsabilidad.