Millones de niñas y niños mexicanos no celebraron el Día de la Niña y el Niño, porque todos sus derechos están vulnerados y la pandemia por Covid-19 ha empeorado las difíciles situaciones que ya vivían. Alrededor de 20 millones, viven en condiciones de pobreza que les impiden acceder a garantías básicas como una buena salud, nutrición, educación y vivienda digna.
Esta misma situación expone a más de 3.3 millones de niñas y niños a trabajar a corta edad, a abandonar la escuela, y aumenta el riesgo de que sean víctimas de reclutamiento forzado por el crimen organizado o por redes de trata y/o pornografía infantil.
Estamos en un país que maltrata y asesina a la niñez. Al menos 6 de cada 10 niñas, niños y adolescentes reciben castigos corporales y humillantes en sus casas como forma de crianza. En 2020, más de 11 mil ingresaron a hospitales debido a lesiones, mayormente ocurridas en el hogar y provocadas por familiares. Tan solo el año pasado, mil 900 niñas, niños y adolescentes fueron asesinados.
Las acciones que implementa el Estado mexicano siguen sin ser suficientes. En 2018, antes de ser Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador asumió un compromiso con la agenda #MxporlaNiñez: 9 acciones para avanzar hacia la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, a 3 años de haber firmado ese compromiso, y pese a su obligación jurídica como Ejecutivo, la niñez no ha sido prioridad en la agenda gubernamental.
Ninguno de los proyectos prioritarios de esta administración apuesta por la protección de la niñez, aun cuando son un tercio de la población mexicana. Aunado a eso, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, se ha quedado sin titular, lo que dificulta alcanzar los diálogos, acuerdos y acciones urgentes con todos los niveles de gobierno para proteger a la niñez ante la crisis que enfrentamos. También, en los últimos años, el presupuesto público total para la niñez ha tenido un decremento anual del 3.5%, al pasar de 797,722 millones de pesos en el año 2018 a 791,684 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021.
El contexto electoral de este año es similar, no hay propuestas dirigidas a atender el conjunto de problemas que enfrenta la niñez. Ellas y ellos no votan y, en consecuencia, nadie les dirige mensajes ni les hace promesas, pero con frecuencia se les utiliza en los discursos para llegar a la sensibilidad de quienes sí emiten votos: sus padres y madres.
A pesar de esta situación, en Save the Children reconocemos que durante los últimos años se han logrado algunos avances significativos. En la legislación, se prohibió el matrimonio infantil, y el castigo corporal y humillante contra la niñez. De igual manera, incrementaron los estándares de protección a la niñez migrante, refugiada y solicitante de asilo: aumentó el presupuesto público para algunos temas clave como registro civil, atención a la niñez refugiada, y estrategias para la primera infancia. Asimismo, se ha capacitado a cientos de funcionarios públicos a nivel federal y local para que tengan conocimientos y herramientas de actuación apegadas a la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia.
Desafortunadamente, ante las crudas realidades que viven niñas y niños, y que continúan empeorando frente a la pandemia, estas acciones no son suficientes para tener un país que cumpla con sus derechos humanos fundamentales.
Las niñas y niños necesitan que las y los adultos les veamos y tratemos como lo que son: seres humanos, sujetos activos de derecho con la capacidad de decidir sobre lo que quieren y necesitan. Debemos tomar sus opiniones en cuenta para construir hogares, escuelas, comunidades, y un país seguro para ellas y ellos; debemos erradicar prácticas y relaciones que les dañan y violentan.
Las niñas y niños en México necesitan un Estado que gobierne con y para ellas y ellos, que priorice la atención de los enormes problemas que les afectan a la niñez y que tienen consecuencias graves en su bienestar y desarrollo pleno.
El gobierno mexicano en todos sus órdenes y poderes tiene la obligación jurídica de realizar los esfuerzos que sean necesarios, e invertir el máximo de los recursos disponibles para garantizar los derechos de cada niña, niño y adolescente en el territorio mexicano.
