Es por no haber abonado IVA y Ganancias en 2016 y 2017. También, por no haber depositado cargas sociales de los choferes. La empresa asegura que tiene todo en regla.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) determinó que la empresa Uber tiene una deuda con el fisco de tributos y cargas sociales por $ 358.700.000.
Esto se desprende de una deuda de $ 147,4 millones de IVA y Ganancias y de $ 211,3 millones de impuestos a la seguridad social.
Los montos exigidos, tal lo reflejan los edictos que serán publicados mañana en el Boletín Oficial, corresponden a los períodos fiscales 2016 y 2017, según informó la agencia Télam.
En particular, en el ajuste fiscal se dispuso el cobro de impuestos nacionales por $ 147.493.678, producto de $ 67.042.581 del Impuesto a las Ganancias y $ 80.451.097 del IVA.
La AFIP encontró que, de los fondos cobrados por los viajes en el país, se detectó que el dinero se transfirió en su totalidad al exterior. Con posterioridad, el porcentaje correspondiente a cada chofer regresó a la Argentina por medio de al menos tres entidades financieras.
El organismo consideró que en el período fiscalizado (2016/2017) Uber desarrolló un servicio de transporte por medio del trabajo de los propietarios de los vehículos y de sus conductores. De este modo, corresponde que la empresa pague IVA y Ganancias a través de su representación permanente en el país.
Por otra parte, la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social de la AFIP estableció que los choferes de Uber son empleados en relación de dependencia y no trabajadores independientes, como sostiene la empresa.
Entre otros ejemplos de esta relación de dependencia cabe destacar que la empresa determina las condiciones en que los choferes deben prestar el servicio a través de la aplicación; fija la tarifa y el recorrido; y, en base a las calificaciones del pasajero, puede «desconectar» al chofer, quien, además, no cobra directamente, sino que es Uber quien le deposita la remuneración en una cuenta que debe tener a tal fin.
El entramado de sociedades, compuesto por empresas nacionales y extranjeras, se creó para dificultar ante el fisco la identificación de los responsables de llevar adelante la actividad de transporte de pasajeros.
La fiscalización concluyó que no se pagaron tributos a la seguridad social por más de 16.000 choferes. Esta conducta de la empresa impide que dichos trabajadores gocen de los mismos derechos que aquellos que están registrados, como vacaciones, aguinaldo, Obra Social, ART y una futura jubilación.
Por lo tanto, la AFIP determinó que existe una deuda correspondiente a los aportes ($ 24.927.589) y contribuciones ($ 31.070.025) a la Seguridad Social, más intereses ($43,3 millones) y multas ($ 111,9 millones).
Uber, en tanto, se defendió. A través de un comunicado, aseguró: «Al momento, no recibimos notificación formal de AFIP de proceso alguno. En atención a la información difundida, Uber aclara que paga todos los impuestos, y que está a disposición de cualquier consulta de la AFIP. Respecto de la relación con los socios conductores, en 2017 el Juzgado Nacional en lo Penal Económico No. 8 determinó, en sentencia firme, que Uber no evadió aportes de la seguridad social, ya que no corresponde su pago por la naturaleza de la actividad que realizan los conductores. Uber paga impuesto a las Ganancias como toda compañía internacional que presta este mismo tipo de servicios y todos los impuestos que le corresponden por su actividad de promoción en la Argentina”.
Una larga lista de conflictos
Por lo pronto, para la app este resolución de la AFIP es otro frente abierto. El primer impacto lo recibió pocos días después de haber comenzado a operar, cuando un tribunal local ordenó que los viajes no pudieran ser abonados mediante tarjeta de crédito o débito, acaso una de sus principales ventajas comparativas respecto de los taxis. Esta medida obligó a Uber a habilitar los pagos en efectivos, con sistemas de billetera virtual y otras opciones.
Otro frente se abrió cuando la Justicia porteña les ordenó a las empresas de telecomunicaciones que bloquearan el acceso a la aplicación y a la página web. Esa medida no se pudo aplicar porque las firmas explicaron que es técnicamente imposible.
En otro expediente, en septiembre, llegó la primera sentencia en un juicio: la empresa y su CEO en el país, Mariano Otero, fueron condenados a pagar multas de $ 60.000 por haber realizado actividades lucrativas en el espacio público sin autorización. Esa decisión fue apelada.
No sólo la app tuvo problemas legales. Varios de sus conductores también fueron condenados en la Justicia contravencional por haber transportado pasajeros sin tener el registro profesional
Fuente:https://www.clarin.com/ciudades/afip-reclama-uber-deuda-358-700-000-millones_0_IQgGpxjnj.html?fbclid=IwAR0NaMwCvVWbQJLpG4KKDqVre3W24dTdITn5YLIZGY1hokZyOPe4FDBeEYc
